LOS RIESGOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA
LOS RIESGOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA
Eduardo Grajales
La tendencia actual en los sistemas educativos de calidad o excelencia -como se le quiera llamar, ambos conceptos están orientados al mismo objetivo- tiene características clave, sin las cuales no se puede comprender su funcionamiento: una política educativa que descanse en una efectiva planeación-evaluación, acorde al pensamiento del hombre moderno; un financiamiento sólido y transparente, que permita generar las condiciones adecuadas para todo aquel que este inserto en el sistema (infraestructura, capacitación, material didáctico, tecnología educativa, etcétera) y, por supuesto, un cuerpo magisterial preparado y actualizado en los nuevos paradigmas pedagógicos, que una esfuerzos a un sector social (padres de familia, iniciativa privada, etc.) para que, en conjunto, hagan sinergia en los procesos formativos del estudiante, que representa el eje central de todo este aparato educativo.
Lo anterior hace que estos mecanismos que integran la educación nacional operen eficientemente hacia el logro de los objetivos trazados por la autoridad educativa que ante tal escenario se convierte en la entidad que lidera la política educativa nacional, con la participación conjunta de los demás sectores involucrados. Dichos elementos se convierten así en coadyuvantes al desarrollo económico, político, social y cultural, permitiendo grandes beneficios, particularmente a los sectores vulnerables.
Así sucedió en México y Cuba durante sus periodos post revolucionarios, y recientemente en China, que después de su etapa revolucionaria ha logrado transformar su sistema educativo a partir del cual se consolida como una potencia económica mundial.
Otras naciones de primer mundo (Estados Unidos, Francia, Alemania) y las que están en vías de desarrollo (Colombia, Vietnam, Corea, por ejemplo) han comprendido muy bien que sin una medición adecuada de los logros educativos, sin una inversión superior a lo que establecen los organismos internacionales (5% del PIB nacional), y sin la participación de todos los actores sociales es poco el avance que se puede obtener.
Sabedores de que si estas condiciones no se dan, los resultados impactan negativamente en la economía nacional -pues la educación está íntimamente vinculada al sector laboral, industrial, científico, social- estas naciones se han visto obligadas a romper los esquemas tradicionales con los que venían operando, incluso a costa de los conflictos políticos que ello les conllevó (véase el caso de Brasil, Chile y Túnez).
Actualmente, estas naciones han pasado de la discusión bizantina del papel de sus sindicatos magisteriales, a nuevos y vanguardistas debates como el uso de las nuevas tecnologías de la información en la educación, aplicación de modelos pedagógicos diferenciados, entre otros. Mientras en México seguimos analizando las fronteras de dichos actores, por ejemplo, países como Japón y Finlandia están hablando de escuelas virtuales, financiamiento público educativo mediante bauchers por desempeño, etcétera.
Estos países han pasado escenarios tremendamente funestos (guerras nucleares, genocidios) que les ha permitido entender que ningún cambio profundo es terso o sencillo, por el contrario, han comprendido que todo hecho histórico conlleva decisiones difíciles, complicaciones severas, algunas más violentas que otras, y viceversa. Justamente lo que en México –pese a nuestra sangrienta historia- todavía no nos atrevemos o queremos comprender.
Desde que concluyó la ultima revolución educativa promovida por Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet en el siglo pasado, entramos en una dinámica de retroceso (principalmente económico) potenciado en gran medida por la corrupción política emanada de un centralismo presidencial que dio vida a un corporativismo sindical que tanto daño le ha hecho a la Nación, entregándole a estos sectores el corazón de la patria como sus paraestatales, y rubros de gran significancia como el educativo.
Desde que las organizaciones magisteriales se fueron apoderando poco a poco de este rubro con la anuencia de los distintos gobiernos priistas, entramos en un laberinto del que hasta ahora ningún gobierno del color que se trate ha podido salir.
Seguimos con la falsa idea de que los cambios se darán solos, con la expectativa de que en algún momento se suscitarán las circunstancias adecuadas para que la escuela vuelva a ser de la sociedad. Seguimos apelando a la “sensibilidad política” de sus verdaderos dueños, confiando “en el dialogo entre partes” y demás recursos retóricos que han servido para ocultar esa catástrofe silenciosa que alguna vez describiera Gilberto Guevara Niebla.
De esta manera, en los albores del segundo decenio del siglo XXI dicho poder bajo el trono ha podido desmantelar la endeble arquitectura educativa moderna y vanguardista que teníamos, desvaneciendo pioneros mecanismos de evaluación (con la desaparición de la única institución capaz de medir los resultados de la política educativa), rompiendo los filtros necesarios para garantizar la transparencia en el otorgamiento de plazas magisteriales, (eliminando la posibilidad de conocer las condiciones en las que ingresan miles de maestros en cada ciclo escolar), y promoviendo el retorno a un esquema que, comprobado esta, no solo fomentó la corrupción magisterial, sino que los millones que requirió no se reflejaron en mejoras sustantivas a la calidad educativa (Carrera Magisterial).
Asimismo, nuestro sistema educativo ha dado un paso atrás al quitarle la oportunidad a todo profesionista de participar en los procesos de selección magisterial, que año con año les daba la misma posibilidad a los estudiantes de universidades públicas y privadas, de poder competir y probar sus conocimientos en un concurso netamente democrático.
En suma, podríamos advertir que estamos dando los pasos incorrectos, arriesgándonos a la posibilidad de regresar a aquel pasado donde la política educativa se dictaba desde las oficinas síndico magisteriales y se confeccionaba en función de la opinión de un grupo de líderes corporativistas que quizá nunca pisaron un aula o si lo hicieron fue para hacerse doctos en estrategias subversivas contra el Estado.
Las recientes concesiones que se han hecho a grupos que tradicionalmente han puesto en vilo no solo a la educación sino a la gobernabilidad nacional, dejan ver la dificultad que tiene y tendrá todo gobierno que pretenda por lo menos operar un cambio real, teniendo para ello que negociar con un sector que peligrosamente se continúa empoderando. Su poder está más que demostrado, en una medición de fuerzas han sido capaces de tirar cualquier iniciativa que buque mejorar la educación de los mexicanos, sea esta emanada de un modelo político de izquierda o de derecha.
En las últimas dos administraciones federales hemos sido testigos de la radicalidad de estos sectores que vale la pena decirlo muchas veces no representan sino secuestran a sus “agremiados”. Podría asegurarse que así lo es. Lo mismo han apelado al dialogo como una postura que los muestra democráticos, que a acciones fuera de la ley sin sanción alguna. Todo con tal de que no se afecten sus intereses aun cuando estos estén por encima de los de la Nación.
La administración anterior es el mejor ejemplo del colapsó de un gobierno endeble y deslegitimado, en su intento de modificar la administración de la educación en México. Aunque ciertamente su estrategia no fue bien implementada era indiscutible que establecía los parámetros, mecanismos y filtros necesarios para recomponer los cruentos escenarios educativos, que allende a las estadísticas se reflejan en las evidentes deficiencias del alumnado mexicano (véase la prueba PLANEA, PISA, los resultados de CONAPO, INEGI, entre otros estudios serios).
Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, representan muy bien esta situación, pues son lugares donde diversas expresiones sindicales magisteriales ha controlado por años la asignación de plazas, la distribución de los docentes en sus zonas de adscripción, las formas de pago, prestaciones y demás procedimientos que por ley es facultad plena y exclusiva de la autoridad gubernamental.
En ese sentido y en el marco de los ajustes a la legislación educativa, es momento de reflexionar que, mientras no haya una medida radical pero enmarcada siempre en la legalidad, que haga frente y límite el lento pero efectivo avasallamiento de los sindicatos magisteriales en la educación, no podrán generarse los cambios que se requieren en educación poniendo en riesgo los alcances de otras políticas gubernamentales. Estamos en un momento coyuntural en el futuro de México, en donde tenemos la oportunidad de redefinir la educación nacional o continuar con el gatopardismo sexenal acostumbrado. El futuro inmediato nos permitirá saber qué decisión ganó al final la partida…
